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Proyecto de ley, de la Generalitat, de memoria democrática y por la

convivencia de la Comunitat Valenciana (RE número 51.671)

Proyecto de ley, de la Generalitat, de memoria democrática y para la

convivencia de la Comunitat Valenciana

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La identidad de una comunidad se forja, al mismo tiempo, en su solidaridad

con los más desfavorecidos y con las víctimas y en la capacidad de reflexionar

sobre la memoria colectiva y la histórica como pueblo. La tragedia de

la guerra civil española y la posterior dictadura son hechos de nuestra

historia y memoria que nos interpelan sobre lo que somos, quiénes somos

y quiénes queremos ser como comunidad social y política. Es preciso

mirar hacia delante pero sabiendo de dónde procedemos, conocer bien

nuestro pasado y tener esa lectura colectiva de nuestra historia que

permita afrontar los retos del presente. Mantener en la memoria a las

víctimas, reconocer su dignidad, es el mejor freno para detener el temor

y el miedo a que los hechos que convulsionaron nuestra historia vuelvan

a suceder en el futuro.

Donde resulte imposible y prácticamente irrealizable la persecución

jurídica y la determinación de la responsabilidad política, debe abrirse

el camino colectivo de la sociedad en su conjunto. La responsabilidad

y el derecho a la reparación por el daño sufrido no se pueden alcanzar

sin emprender también un esfuerzo de reflexión, de autointerpretación

ético-política de la sociedad en la que fue posible y consentida esa

violencia. Pero hay que recordar y mantener la memoria no solo como

un merecido tributo, sino como la única arma efectiva que nos proporciona

la democracia y el estado de derecho frente al mal irracional e incomprensible.

La Constitución española de 1978 que tradujo jurídicamente la voluntad

de reencuentro de la ciudadanía española, articulando un estado social

y democrático de derecho con clara vocación integradora, establece que,

los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del título

I, «De los derechos y deberes fundamentales», vinculan a todos los poderes

públicos, y que las normas relativas a los derechos fundamentales y

a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad

con la Declaración universal de derechos humanos y los tratados y acuerdos

internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

Asimismo, la propia Constitución recoge en su artículo 10 del citado

título I que «la dignidad de la persona, los derechos inviolables que

le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto

a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político

y de la paz social».

Con espíritu de reconciliación, integración, concordia, y de respeto

al pluralismo se aprobó la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que

se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de

quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y

la dictadura, que implicó un cambio sustancial al integrar medidas,

reconocer derechos y sentar «las bases para que los poderes públicos

lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra

historia y al fomento de la memoria democrática».

Desde entonces, algunas comunidades autónomas han adoptado normas que

garantizan y establecen medidas que hacen eficaz lo previsto en esa

ley. En concreto, la Ley de Cataluña 13/2007, de 31 de octubre, del

memorial democrático; la Ley de Cataluña 10/2009, de 30 de junio, sobre

la localización e identificación de las personas desaparecidas durante

la guerra civil y la dictadura franquista, y la dignificación de las

fosas comunes; la Ley foral de Navarra 33/2013, de 26 de noviembre,

de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos

navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar

de 1936; la Ley del País Vasco 4/2014, de 27 de noviembre, de creación

del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos;

y la Ley de las Illes Balears 10/2016, de 13 de junio, para la recuperación

de personas desaparecidas durante la guerra civil y el franquismo. En

otras comunidades autónomas, como Andalucía o Aragón, se encuentran

en trámite. Todas ellas sirven de inspiración y modelo.

Por una parte, se pretende cumplir con las obligaciones que tiene España

con las víctimas de la guerra civil y del franquismo, y también con

sus familiares. Por otra, se aspira a profundizar en los principios

y valores democráticos.

Uno de los objetivos esenciales de la estructura política de Comunitat

Valenciana, establecido en el artículo 1.3 del Estatuto de autonomía,

es el refuerzo de la democracia. En este sentido, su artículo octavo

prevé, por un lado, que «los valencianos y valencianas, en su condición

de ciudadanos españoles y europeos, son titulares de los derechos, deberes

y libertades reconocidos en la Constitución española y en el ordenamiento

de la Unión Europea y en los instrumentos internacionales de protección

de los derechos humanos, individuales y colectivos, en particular, en

la Declaración universal de derechos humanos; en los pactos internacionales

de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y

culturales; en la Convención europea de derechos del hombre y libertades

fundamentales, y en la Carta social europea», y por otro lado, que «los

poderes públicos valencianos están vinculados por estos derechos y libertades

y velarán por su protección y respeto, así como por el cumplimiento

de los deberes». Asimismo, el referido Estatuto de autonomía en su artículo

12 establece la obligación de la Generalitat de velar por la protección

y defensa de los valores e intereses del pueblo valenciano.

Por otra parte, el Estatuto de autonomía atribuye a la Generalitat,

en el artículo 49.1.4.ª y 5.ª la competencia exclusiva en materia de

cultura y patrimonio cultural, y en el artículo 49.1.36.ª la competencia

exclusiva en administración de justicia, sin perjuicio de lo dispuesto

en la legislación de desarrollo del artículo 149.1.5.ª de la Constitución.



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