Proposición de ley de la publicidad institucional para el interés ciudadano y la concepción colectiva de las infraestructuras públicas, presentada por el Grupo Parlamentario Compromís (RE número 2.482)

A LA MESA DE LES CORTS

Isaura Navarro Casillas y Fran Ferri Fayos, diputada y síndico del Grupo Parlamentario Compromís, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 y concordantes del Reglamento de Les Corts, presentan la siguiente proposición de ley de la publicidad institucional.

Esta proposición de ley se presenta acompañada de una exposición de motivos, cuyo texto debe utilizarse, igualmente, como antecedente preceptivo para poder pronunciarse, de acuerdo lo establecido en el artículo 124 del RC.

PROPOSICIÓN DE LEY

DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

PARA EL INTERÉS CIUDADANO

Y LA CONCEPCIÓN COLECTIVA

DE LAS INSFRASTRUCTURES PÚBLICAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hasta ahora, las campañas de publicidad institucional promovidas por los poderes públicos han supuesto un coste elevado para la ciudadanía y desgraciadamente en ocasiones han sido utilizadas como instrumentos propagandísticos del partido político de los distintos gobiernos, sufragando con dinero público campañas de propaganda partidista. De hecho, cuando este actuar ha sucedido en campañas electorales han sido las distintas juntas electorales las que han tenido que poner límite a esta indeseable práctica, generando una reiterada doctrina que algunos continúan intentando incumplir cada convocatoria electoral.

La publicidad institucional debe ser un instrumento de difusión de información relevante para la ciudadanía, para dar difusión a sus derechos, prevenir riesgos o proteger su salud. Asimismo, es un vehículo inestimable para fomentar la participación ciudadana en las decisiones públicas y para difundir las responsabilidades cívicas y obligaciones legales que recaen en la población.

En nuestro ámbito, hasta la fecha la regulación ha venido dada por la Ley de publicidad institucional de la Comunitat Valenciana 7/2003, ley que se ha revelado claramente insuficiente para garantizar el buen uso de esta herramienta de difusión de lo público. Dicha ley creaba un órgano de control que nunca fue constituido, vaciando aún más de contenido el pobre enunciado.

Con carácter posterior a la aprobación de la citada ley autonómica, fue sancionada la reforma del Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana, que atribuye en el artículo 49 a nuestra autonomía la competencia exclusiva en materia de publicidad, sin perjuicio de las normas dictadas por el Estado para sectores y medios específicos.

En cuanto a la normativa estatal, la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de publicidad y comunicación institucional, delimita el objeto de la comunicación institucional, estableciendo el ámbito de su desarrollo con la enunciación de los posibles contenidos y mensajes objeto de difusión. La normativa estatal enuncia los principios que deben regir el contenido de la actividad comunicativa, que, en todo caso, debe servir con objetividad a los intereses generales, con sometimiento a los principios de eficiencia, veracidad y racionalidad en la asignación de los recursos económicos; velar por la lealtad institucional, impidiendo que cuestionen la actividad de otras instituciones, entidades o personas, y promover conductas, apoyos y mensajes que aseguren el acceso a la información a toda la ciudadanía, fomentando el respeto al medio ambiente, las políticas de igualdad, el principio de no discriminación, la solución pacífica y dialogada de conflictos, el respeto a la diversidad sexual y el resto de valores constitucionales compartidos por la comunidad.

Es, por tanto, necesario abordar una reforma de la ley autonómica, actualizándola a la realidad actual de nuestro territorio y al marco legislativo vigente, y dando solución a los vacíos legislativos autonómicos existentes.

La presente ley desarrolla profusamente los principios que deben regir la publicidad institucional y, en especial, la obligación pública de velar por los derechos de las personas destinatarias y por el respeto de la ética publicitaria.

De esta manera se eliminan gastos en publicidad que nada aportan a la ciudadanía y suponen un elevado coste económico, como «la creación, difusión o mejora de la notoriedad e imagen de las instituciones gubernamentales y de las administraciones públicas», prácticas que con la entrada en vigor de la presente ley quedarán vetadas con la finalidad de que ningún partido pueda instrumentalizar para sus intereses esta herramienta de difusión sufragada con dinero público de la colectividad.

Igualmente queda vetada la posibilidad de aprovechar los instrumentos públicos para hacer propaganda del cargo o institución, como son los saludas o la aparición de cargos públicos en la propaganda institucional. Con el mismo objetivo se prohíbe cualquier campaña o acto institucional que se lleve a cabo no solo durante el período oficial de campaña electoral, sino desde el momento en que se hace pública la fecha de la convocatoria electoral.

La presente ley prohíbe actos de inauguración o puestas de primeras piedras que supongan un uso partidista de promoción personal o de partido a costa de las infraestructuras o servicios que por definición son colectivos por estar sufragados con dinero público. De esta manera la inauguración será el primer uso que se le dé por parte de los ciudadanos y ciudadanas al servicio o infraestructura de nueva creación o construcción. Evitando esta práctica se pretende evitar la proyección de infraestructuras o servicios en función de la rentabilidad electoral y centrar las decisiones sobre nuevas infraestructuras o servicios en su utilidad pública, además de suponer un importante ahorro dentro de los parámetros de buen gobierno.

De la misma manera se crea un órgano independiente y alejado del partidismo, que debe rendir cuentas ante la representación soberana del pueblo valenciano, que recae en Les Corts, y que debe velar por el cumplimiento de los principios recogidos en el presente texto legal y garantizar el uso correcto de la publicidad institucional.

En definitiva, esta ley pretende que esta herramienta de comunicación sea utilizada en exclusivo interés de la ciudadanía, que sufraga las campañas con sus impuestos.

TÍTULO I

NORMAS Y PRINCIPIOS RECTORES

DE LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

Artículo 1

Objeto de la ley

1. Es objeto de la presente ley definir y garantizar el uso de la publicidad institucional exclusivamente en beneficio de la ciudadanía, para que sea informada de sus derechos y de los servicios públicos concretos a los que puede acceder, bajo la concepción ciudadana colectiva y no partidista de las infraestructuras y servicios públicos. También es objeto de la ley que la publicidad institucional sirva para informar a la ciudadanía de sus responsabilidades legales, cívicas y sociales o para requerir un determinado comportamiento en función de un concreto bien jurídico a proteger.

2. Es objeto de esta ley impedir el uso partidista o particular en la gestión comunicativa pública de la implantación de nuevos servicios o la puesta en marcha de nuevas infraestructuras públicas.

Artículo 2

Definiciones

1. Es publicidad institucional la realizada para:

a) Difundir información sobre los derechos y deberes de la ciudadanía y los servicios, actividades y programas de los que se puede beneficiar.

b) Anunciar medidas de prevención de riesgos, de orden o seguridad pública o de evitación o reparación de daños que afecten a las personas, su salud o sus bienes, y al medio natural.

c) Anunciar medidas en caso de situaciones de emergencia o catástrofe, así como las acciones a llevar a cabo por las personas afectadas para su protección.

d) Difundir los procesos electorales y el fomento del ejercicio del derecho al voto.

e) Difundir el contenido de aquellas disposiciones jurídicas que, por su novedad o repercusión social, aconsejan su conocimiento general.

f) Difundir ofertas de empleo público.

g) Difundir actitudes cívicas en beneficio de la colectividad y los valores de convivencia y solidaridad entre los ciudadanos y ciudadanas.

2. En todo caso, no se considera publicidad institucional la realizada en el trámite de cualquier expediente administrativo.

3. Las campañas institucionales y las publicaciones institucionales se desarrollarán exclusivamente cuando concurran razones de interés ciudadano público y en el ejercicio de competencias propias.

Artículo 3

Ámbito subjetivo

1. La presente ley obliga a:

a) Las instituciones del Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana.

b) La administración de la Generalitat.

c) Las entidades autónomas de la Generalitat de carácter administrativo.

d) Las entidades locales del ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.

e) Los organismos y entidades autónomas de carácter administrativo, dotadas de personalidad jurídica propia, dependientes de las entidades locales de la Comunitat Valenciana.

f) Cualquier organismo, entidad, empresa, fundación o asociación que haya sido fundada, creada o constituida con fondos públicos total o mayoritariamente.

2. Cualquier campaña de publicidad o publicación institucional sufragada total o parcialmente con dinero público y que no sea emitida por las personas jurídicas referidas en el punto primero del presente artículo, también deberá cumplir con lo dispuesto en la presente ley.

3. A los efectos de esta ley tendrán consideración de personas con altos cargos y están afectadas por la misma, además de las personas con cargo electo por sufragio directo o indirecto, las siguientes personas:

a) Las personas miembros del Consell, las personas titulares de las secretarías autonómicas, subsecretarias, direcciones generales y otros altos cargos que ostenten el rango de dirección general en el sector público, cargos de designación directa, el personal eventual y el personal de libre designación.

b) La persona titular de la presidencia, dirección general, gerencia o titular de otros puestos de trabajo o cargos asimilados, en organismos autónomos o entidades de derecho público que dependen de la Generalitat y de cualquier tipo de entidades creadas con más de un 30 por ciento de capital público.

c) Las personas elegidas para ser miembros de las instituciones estatutarias.

d) Las presidentas o los presidentes, consejeras delegadas o consejeros delegados de sociedades mercantiles en que el capital sea total o parcialmente de titularidad de la Generalitat, ya sean nombrados por el Consell o por los mismos órganos de gobierno de aquellas sociedades.

e) Las directoras o los directores generales, gerentes o puestos asimilados de fundaciones del sector público de la Generalitat o en que la Generalitat tenga participación.

f) Asimismo, los titulares de cualquier otro puesto, sea cual sea su denominación, cuyo nombramiento se efectúe por el Consell.

Artículo 4

Principios informadores

1. La publicidad institucional debe tener como finalidad dar a conocer los derechos y servicios a la ciudadanía, además de responsabilidades cívicas y obligaciones legales de la ciudadanía o alertas por emergencias, cumpliendo con el deber de información pública.

2. Las campañas institucionales se ajustarán siempre a los principios de interés ciudadano, lealtad institucional, veracidad, transparencia, eficacia, responsabilidad y eficiencia.

3. La publicidad institucional debe quedar claramente desmarcada de la propaganda de los partidos políticos, tanto en el fondo como en la estética utilizada.

4. La publicidad institucional debe ser claramente identificable.

5. Los anuncios institucionales deben ser claros y completos. La publicidad institucional no debe conducir a conclusiones erróneas, ni por ambigüedad, inexactitud omisión u otras circunstancias. En caso de que la publicidad o publicación institucional utilice personas que realizan recomendaciones o dan testimonio, estos deben responder a la verdad, tanto por lo que respecta a la persona como por lo que afecta al contenido, planteando por tanto casos reales o informando, en su caso, de que se trata de una dramatización.

6. La publicidad institucional no debe incitar, directa o indirectamente, a la violencia ni a comportamientos antisociales, ni debe sugerir ventajas en las actitudes de violencia. Tampoco puede ofrecer argumentos que se aprovechen del miedo, el temor o las supersticiones de las personas destinatarias, ni promover prácticas peligrosas.

7. La publicidad institucional debe respetar los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen. En la publicidad institucional no debe denigrarse, implícita o explícitamente, a ningún persona o colectivo social, religión, pensamiento o ideología democrática.

8. Las campañas institucionales contribuirán a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y respetarán la diversidad social, cultural, étnica, de pensamiento, de identidad u orientación sexual presente en la sociedad.

9. Las campañas institucionales contribuirán a la protección de la infancia y la adolescencia.

10. La publicidad institucional destinada a segmentos de población especialmente sensibles como niños y adolescentes debe ser extremadamente cuidadosa. No debe explotarse la inseguridad o inmadurez de las personas ni la credulidad natural de niños y niñas, ni tampoco debe abusarse de su sentido de lealtad.

11. La publicidad institucional debe fomentar el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad. Los medios y apoyos que utilizan las comunicaciones institucionales deben corresponderse con dicho criterio y deben servir de ejemplo para el conjunto de la población.

12. Todos los datos difundidos en la publicidad institucional deben ser relevantes y comprobables y no pueden dar lugar a error. Todas las comparaciones deben ser objetivas y verificables. No puede crearse confusión y mezcla de mensajes.

Artículo 5

Prohibiciones

1. Se prohíbe la comunicación publicitaria institucional partidista.

2. Se prohíbe la utilización de la publicidad institucional como elemento de propaganda personal de personas con cargos públicos o grupos institucionales. En este sentido, se prohíben las comunicaciones financiadas directa o indirectamente con fondos públicos de los gobiernos institucionales, como son los saludas o la aparición de cargos públicos en la publicidad o publicaciones institucionales o en medios de comunicación privados bajo acuerdos de contraprestación de cualquier tipo.

3. Se prohíben los actos públicos de entrega de llaves de bienes inmuebles o similares, por parte de personas con cargos electos o con altos cargos del gobierno. Estas entregas serán realizadas en todo caso por el personal funcionario competente y sin hacer de esa entrega una escenificación pública.

4. Se prohíbe obligar a la ciudadanía a la asistencia de actos públicos para ser beneficiarios de cualquier entrega de bien parcial o totalmente financiado con dinero público o cualquier tipo de contrato, nombramiento, subvención o beca.

5. Se prohíbe alcanzar acuerdos con medios de difusión para promocionar la imagen de los cargos y administraciones públicas.

6. Se prohíbe la financiación de medios de difusión privados directa o indirectamente a través de la contratación del medio para su difusión o de inserción de publicidad institucional. La contratación de cualquier medio se realizará bajo los criterios establecidos en la presente ley y las leyes de contratación vigentes.

7. Toda la publicidad institucional estará libre de identificación partidista alguna, quedando prohibidos los puntos de similitud con la publicidad que lleve a cabo cualquier partido político para la propia imagen o la captación de afiliación.

8. Se prohíbe cualquier acto de inauguración o similares, de obra acabada o servicio por parte de personas con cargos electos o altos cargos, financiados con fondos públicos parcial o totalmente, directa o indirectamente. Esta prohibición incluirá los viajes en cabina de conductor de cargos electos o altos cargos respecto de las infraestructuras de transporte público colectivo.

9. Se prohíbe cualquier acto de instalación de placa conmemorativa o similar que haga referencia a personas con cargos electos o altos cargos que hayan participado en la decisión de la construcción o puesta en marcha o de cualquier otra.

10. Se prohíben los actos de puestas de primeras piedras, de inauguración o similares, de inicio de construcción de obra financiada total o parcialmente con fondos públicos por parte de personas con cargos electos o altos cargos.

11. Queda prohibida la confusión y coincidencia de las campañas institucionales con las campañas electorales autonómicas.

12. Se prohíbe la publicidad institucional que tenga como finalidad destacar los éxitos en la gestión o los objetivos conseguidos por los sujetos sometidos a la ley.

13. Se prohíbe la publicidad institucional que tenga como única finalidad la creación, difusión o mejora de la notoriedad e imagen de las instituciones gubernamentales y de las administraciones públicas, que no esté vinculada a un derecho, servicio o actividad concretos.

14. Se prohíbe la publicidad institucional relacionada con competencias ajenas.

15. Se prohíbe la publicidad subliminal, entendiendo por tal la que, mediante técnicas de producción de estímulos de intensidades rayanas con los umbrales de los sentidos o análogas, pueda actuar sobre el público destinatario sin ser conscientemente percibida.

16. La publicidad institucional está sometida a las prohibiciones establecidas en la legislación estatal.

Artículo 6

Determinación de los medios de difusión

1. La distribución de la publicidad institucional respetará los principios de eficacia, eficiencia, equidad y objetividad.

2. En orden a la realización de los principios señalados en el apartado anterior, para la determinación de los medios de difusión se tendrán en cuenta, en particular, las características de los destinatarios de la publicidad; la lengua predominante del ámbito lingüístico; el ámbito e implantación territorial y social, con consideración especial por los medios de comunicación locales y comarcales y los medios de comunicación electrónicos y el nivel de difusión o audiencia de los diversos medios; el coste de las inserciones publicitarias, y otros criterios análogos que contribuyan a la óptima consecución de los fines contemplados en esta ley.

3. Cuando la publicidad tenga carácter general y sea insertada en medios de comunicación de difusión general, se hará con proporcionalidad a las audiencias en el caso de los medios audiovisuales o personas lectoras en el caso de medios escritos, utilizando para su determinación criterios independientes y objetivos como el EGM y el CPM.

4. Las instituciones y administraciones públicas sujetos a esta ley no podrán abonar en ningún caso por las inserciones de publicidad institucional precios abusivos, que no guarden proporción con la regulación normal del mercado.

5. La inserción de la publicidad institucional debe realizarse con preferencia por medios que respeten el medio ambiente.

6. Cuando la tipología del anuncio a difundir implique como destinatario a un sector de la población específico, hay que aplicar los criterios de difusión más adecuados a su distribución, con la correspondiente justificación.

7. Queda prohibida la discriminación de medios de comunicación por su línea editorial o cualquier otra consideración.

8. En todo caso y al margen de la cuantía del contrato, la contratación nunca podrá realizarse de manera directa ni mediante el procedimiento negociado.

Artículo 7

Limitación de la publicidad mediante patrocinio

No podrá realizarse publicidad institucional mediante la modalidad de patrocinio cuando el patrocinado, la actividad patrocinada u otros patrocinadores de la misma actividad vulneren los principios informadores del artículo 4 del presente texto legal o cualquier otra norma prevista en la presente ley.

Artículo 8

Lengua

1. Los textos de la publicidad institucional utilizarán preferentemente el valenciano, de acuerdo con los principios de la normativa sobre el uso y enseñanza del valenciano y el Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana, excepto en los ámbitos de predominio lingüístico castellano, en que se hará preferentemente en castellano.

2. La publicidad institucional podrá llevarse a cabo en otras lenguas no oficiales, cuando así lo requiera su objeto.

Artículo 9

Contratación

1. Los contratos relativos a la publicidad institucional se rigen por la legislación de contratos del sector público y por el resto de disposiciones que les sean de aplicación, respetando los principios de igualdad, libre concurrencia, publicidad, objetividad, eficacia y eficiencia.

2. Queda prohibido el pago en paraísos fiscales y la contratación de empresas que hagan uso de estos.

Artículo 10

Temporalidad

1. La publicidad institucional no podrá llevarse a cabo hasta que esté finalizada la obra o el servicio publicitado esté en funcionamiento. La publicidad tendrá mero carácter informativo del servicio que se preste o del uso de la obra, los derechos de personas usuarias, horarios, normas de convivencia o cualquier información imprescindible para que ciudadanos y ciudadanas se enteren de su existencia y de las normas de uso.

2. Las obras licitadas con cargo a los presupuestos públicos contarán durante la realización de la obra con una única valla informativa donde se relatará sucintamente que se está construyendo, el coste de la obra, la empresa adjudicataria, fecha de inicio y fecha de finalización.

Una vez finalizada la obra o se esté prestando el servicio, la valla será retirada de manera inmediata.

3. No está permitido colocar anuncios de obras futuras ni antes del comienzo de la obra.

4. Caso de que la obra fuera paralizada, el servicio se dejara de prestar o se retirara la financiación, la publicidad será inmediatamente retirada informando previamente del motivo por el que se deja de prestar el servicio.

Artículo 11

Período electoral

1. Con el objetivo de no influir en la intención de voto de la ciudadanía, la publicidad objeto de la presente ley no puede llevarse a cabo en el período comprendido entre el día en que se hace pública oficialmente la fecha de convocatoria de las elecciones autonómicas y el día en que se celebran estas.

2. Lo dispuesto en el punto 1 no es aplicable a las actividades publicitarias relacionadas con la difusión del proceso electoral y el fomento del ejercicio del derecho a voto.

Tampoco a las actividades publicitarias imprescindibles para anunciar medidas de prevención de riesgo, de orden o de seguridad públicos o de evitación o reparación de daños que afecten a las personas, su salud o sus bienes, y al medio natural.

3. En las campañas institucionales para promover la participación en las elecciones autonómicas, no pueden utilizarse eslóganes, simbología o elementos publicitarios claramente identificables con un partido político. Asimismo, los partidos políticos tampoco pueden utilizar durante la campaña electoral eslóganes, simbología o elementos publicitarios identificables con las campañas institucionales.

4. El apartado anterior también será aplicable en el caso de que la Generalitat realice una campaña institucional para promover la participación o informar sobre las elecciones municipales o entes locales supramunicipales.

TÍTULO II

DEL CONTROL

DE LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

Artículo 12

El Consejo de Control de la Publicidad Institucional

Se crea el Consejo de Control de la Publicidad Institucional como órgano colegiado de supervisión y asesoramiento de la actividad de las instituciones de la Comunitat Valenciana en materia de publicidad institucional.

Artículo 13

Composición y requisitos del Consejo de Control

de la Publicidad Institucional

1. La composición del Consejo de Control de la Publicidad Institucional será la siguiente:

a) Una persona propuesta por cada grupo parlamentario constituido en Les Corts.

b) Dos personas designadas por el Colegio Oficial de Publicitarios y Relaciones Públicas de la Comunitat Valenciana.

c) Una persona escogida por insaculación entre las personas propuestas por las asociaciones de consumidores y usuarios.

d) Una persona escogida por insaculación entre las personas propuestas por las universidades públicas de comunicación.

e) Dos personas escogidas por insaculación de entre ciudadanos y ciudadanas que cumplan los requisitos establecidos en esta ley.

2. Las personas miembros del Consejo de Control de la Publicidad Institucional deberán contar con más de diez años de ejercicio profesional o docente en el campo de la publicidad y la comunicación.

3. Con el fin de garantizar la independencia del Consejo de Control de la Publicidad Institucional, en ningún caso formarán parte del mismo personas miembros de las instituciones públicas a las que es de aplicación la presente ley ni personas de notoria trayectoria política o marcado sesgo partidista.

Artículo 14

Mecanismo de designación

de las personas elegidas por insaculación

a) Las personas elegidas por insaculación lo serán de entre profesionales de la publicidad y la comunicación con la condición política de valencianas, que se hayan presentado voluntariamente para ser elegidas y cumplan los requisitos de esta ley.

b) Las personas que quieran presentarse a la insaculación deberán contar con más de diez años de ejercicio profesional o docente en el campo de la publicidad.

c) De entre las personas que se presenten y cumplan los requisitos para ser miembro del Consejo de Control de la Publicidad Institucional serán escogidas dos mediante insaculación. También serán escogidas dos personas suplentes para cubrir las posibles vacantes que puedan producirse por orden de insaculación. Caso de que se agotaran las personas escogidas para las suplencias, se procederá de nuevo a una nueva insaculación.

d) El control técnico-formal del cumplimiento de los requisitos y el procedimiento de insaculación será llevado a cabo por el cuerpo de letrados y letradas de Les Corts, bajo la dirección de la Mesa de Les Corts.

e) Los consejeros y consejeras elegidos lo serán para cinco años y tendrán las mismas funciones y atribuciones que las personas consejeras electivas. Cuando se produzca una vacante la persona suplente que ocupe el puesto lo hará para cinco años.

f) Si una persona consellera resultara elegida una segunda vez por insaculación, podrá ejercer un segundo mandato pero no podrá volver a presentarse a una siguiente insaculación.

g) Se hará pública en el DOCV la convocatoria para que los ciudadanos y las ciudadanas que cumplan con los requisitos expuestos en el presente artículo participen en el proceso de insaculación.

Artículo 15

Mecanismo de elección

de las personas consejeras electivas

a) Las personas consejeras electivas serán elegidas por Les Corts de entre personas profesionales de la publicidad y la comunicación con la condición política de valencianas que cumplan los requisitos de esta ley.

b) La elección de los consejeros o consejeras la llevarán a cabo Les Corts, a través de un acuerdo adoptado por mayoría de 3/5 de sus miembros, garantizando el reflejo de la pluralidad parlamentaria en su composición, debiendo ser elegido un consejero o consejera a propuesta de cada grupo parlamentario constituido en Les Corts.

c) Las personas consejeras electivas serán elegidas para cinco años y podrán ser reelectas una única vez, de manera que el límite se establece en un máximo de dos períodos.

d) El control técnico-formal del cumplimiento de los requisitos será llevado a cabo por el cuerpo de letrados y letradas de Les Corts, bajo la dirección de la Mesa de Les Corts.

Artículo 16

Funcionamiento del Consejo de Control

de Publicidad Institucional (CCPI)

1. El Consejo de Control de Publicidad Institucional gozará de autonomía funcional.

2. Para su funcionamiento el Consejo elegirá de entre sus personas miembros una persona que haga las funciones de presidencia y una persona que haga las funciones de secretaría.

Artículo 17

Funciones del Consejo de Control

de la Publicidad Institucional

El Consejo de Control de la Publicidad Institucional tiene las siguientes funciones:

a) Informar de las campañas públicas institucionales previas a su publicación o difusión.

b) Presentar, por lo menos una vez al año, el informe anual de la actividad de publicidad institucional, por parte de la presidencia del Consejo de Control de la Publicidad Institucional, ante la comisión parlamentaria correspondiente de Les Corts.

c) Emitir informes o responder a consultas sobre cualquier cuestión relativa a la aplicación de esta ley que le planteen las instituciones de la Comunitat Valenciana o cualquier legítimo interesado, así como los miembros de los grupos parlamentarios o institucionales que no den apoyo al gobierno correspondiente.

d) Elaborar los estudios e informes que considere convenientes en relación con la aplicación de esta ley.

e) Ordenar el cese o la rectificación de las actividades de comunicación que se insten a través del procedimiento previsto en el siguiente apartado.

f) Instruir expediente sancionador a las personas que incumplan la normativa contenida en esta ley.

Artículo 18

Servicio de inspección

El Consejo de Control de la Publicidad Institucional contará con un Servicio de Inspección formado por personas funcionarias de carrera, que tendrá como función el impulso de la actividad inspectora y la preparación de informes. Reglamentariamente se desarrollarán su funcionamiento, dependencia funcional y funciones.

Artículo 19

Retribuciones

Las personas miembros del Consejo de Control de la Publicidad Institucional tienen derecho a percibir, como única compensación a su tarea, las dietas y kilometrajes por asistencia a las reuniones de manera equivalente a las que se establecen para la función pública.

Artículo 20

Accesibilidad para denunciar

Cualquier persona física o jurídica que acredite un derecho o interés legítimo puede solicitar al Consejo de Control de la Publicidad Institucional el cese inmediato o la rectificación de las actividades de comunicación que vulneren las prohibiciones establecidas en esta ley. La solicitud debe resolverse en un plazo máximo de diez días, durante el cual puede recomendarse la suspensión de la actividad impugnada. Si la resolución es estimatoria de la solicitud, se instará a la institución al cese de la acción de comunicación o la rectificación en los términos que señale el Consejo de Control de la Publicidad Institucional y, si procede, se incoará expediente sancionador.

Artículo 21

Entrega de documentación y colaboración

Las personas y sujetos jurídicos sometidos a esta ley están obligados a la plena colaboración con el Consejo de Control de la Publicidad Institucional, a quien deberán entregar toda la información y documentación relativa a la publicidad emitida tanto para la realización del informe anual como para el ejercicio ordinario de sus funciones.

Artículo 22

Informe anual de publicidad institucional

1. Para la elaboración del informe anual sobre la actividad de publicidad institucional, los sujetos jurídicos sometidos a esta ley remitirán al Consejo de Control de la Publicidad Institucional cada año en el mes de noviembre una memoria de todas las actividades de publicidad institucional desarrolladas durante el año, así como las subvenciones concedidas a medios de comunicación en el mismo ejercicio presupuestario. La memoria deberá especificar necesariamente los medios de difusión empleados y el gasto efectuado en cada uno para cada actividad.

2. El Consejo de Control de la Publicidad Institucional emitirá el informe anual, que será remitido al Parlamento antes de finalizar el mes de enero, y su presentación en Les Corts se producirá en el mes de febrero, para su debate de acuerdo con el Reglamento de la cámara.

TÍTULO III

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 23

Infracciones

1. La vulneración del artículo 11 y de los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 5 supondrá la calificación de la infracción como muy grave.

2. La vulneración de cualquier otra prohibición contenida en el artículo 5 supondrá la calificación de la infracción como grave.

3. La vulneración del resto de previsiones contenidas en la presente ley supondrá la calificación de la infracción como leve.

Artículo 24

Sanciones

1. Si la sanción fuera calificada de muy grave se impondrá la sanción pecuniaria consistente en el abono de los costes económicos que haya tenido la campaña de publicidad institucional, más el interés legal, cuantía que será reingresada en las arcas públicas por el sujeto sancionado, y además se impondrá la prohibición de contratación con administraciones públicas durante el tiempo mínimo de 5 años y máximo de 10.

2. Si la sanción fuera calificada de grave se impondrá la sanción pecuniaria consistente en el abono de los costes económicos que haya tenido la campaña de publicidad institucional, más el interés legal, cuantía que será reingresada en las arcas públicas por la persona sancionada, y además se impondrá la prohibición de contratación con administraciones públicas durante el tiempo mínimo de 2 años y máximo de 5.

3. Si la sanción fuera calificada de leve únicamente se impondrá la sanción pecuniaria consistente en el abono de los costes económicos que haya tenido la campaña de publicidad institucional, más el interés, cuantía que será reingresada en las arcas públicas por la persona sancionada.

Artículo 25

Prescripción

1. Las infracciones muy graves prescriben a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben a los 3 años, las impuestas por faltas graves a los 2 años y las impuestas por faltas leves al año.

2. El plazo de prescripción empezará a contarse desde que la infracción se haya cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de infracciones continuadas.

3. El plazo de prescripción de las sanciones se contará desde la firmeza de la resolución sancionadora.

Artículo 26

Tramitación del expediente sancionador y principios

a) El expediente se incoará de oficio por el Servicio de Inspección o a petición de cualquier persona interesada. En el plazo de cinco días el órgano nombrará a una persona instructora y secretaria, ambas elegidas de entre las personas miembros del propio Servicio de Inspección. Nombrada persona instructora y secretaria, se dará audiencia por un plazo de 15 días a la persona física o jurídica afectada para que pueda formular alegaciones y proponer las pruebas necesarias para su defensa. El órgano instructor acordará las pruebas que considere oportunas para alcanzar el pleno conocimiento de la causa y garantizar el derecho de defensa.

b) Concluido el período probatorio, se dará vista al expediente para que el sujeto expedientado pueda formular alegaciones en el plazo de 15 días.

c) Transcurrido dicho plazo se unirán las alegaciones al expediente, si estas han sido formuladas, y la persona instructora hará propuesta de resolución, que será acordada por una persona ponente miembro del Consejo de Control de Publicidad Institucional, y determinará la pertinencia de la sanción, su calificación e imposición en el plazo máximo de un mes. La designación de la persona ponente se producirá de manera rotatoria entre todas las personas miembros del Consell por orden alfabético del primer apellido.

d) Frente a la resolución de sanción adoptada por el ponente cabe recurso de alzada dirigido al plenario del Consejo de Control de la Publicidad Institucional, que adoptará la decisión por mayoría de las personas asistentes y donde la persona poniente designada que ha dictado la resolución objeto de recurso se abstendrá de participar. En caso de empate la sanción no prosperará.

e) La tramitación del expediente se llevará a cabo garantizando el derecho de defensa y el resto de principios del proceso sancionador.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los expedientes de contratación en materia de publicidad institucional iniciados antes de la entrada en vigor de esta ley deberán adaptarse a ella, de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación.

De igual manera las campañas de publicidad ya licitadas deberán adaptarse a la presente normativa, cesando de inmediato las licitaciones de aquellas que no cumplan con aquello previsto en la presente ley.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Esta ley entrará en vigor en el plazo de tres meses desde su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

El Consell dictará el desarrollo reglamentario de la presente ley en el plazo de tres meses.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

El Consejo de Control de la Publicidad Institucional se constituirá en el plazo máximo de cuatro meses desde la entrada en vigor de esta ley.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA PRIMERA

Queda íntegramente derogada la Ley de publicidad institucional de la Comunitat Valenciana, Ley 7/2003, de 20 de marzo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA SEGUNDA

Queda derogada cualquier norma o disposición de igual o inferior rango que se oponga a lo establecido en el presente texto legislativo.

Les Corts, 17 de septiembre de 2015

Isaura Navarro Casillas

Fran Ferri Fayos