La obra expone las dificultades derivadas de la concepción de la cuestión ambiental como una competencia compartida entre el Estado y las comunidades autónomas a partir de lo establecido en el bloque de constitucionalidad. La imprecisión en la delimitación de los ámbitos de actuación correspondiente a cada uno de ellos ha generado un solapamiento y una duplicidad de actuaciones que no solo no redunda en una protección adecuada del entorno, sino que genera la ineficacia e ineficiencia de las medidas desarrolladas, resultando en muchos casos contraproducentes. Ante este diagnóstico, analiza el funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de colaboración existentes –especialmente la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y las comisiones bilaterales–, proponiendo tras ello una serie de reformas de los mismos que podrían incidir en la mejora de la situación actual.