Ante la preocupación que está generando en las comarcas del sur de la Comunitat Valenciana la posible alteración del actual estatus jurídico de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, les Corts valencianes realizan la siguiente

Declaración Institucional

Entre 2,5 y 3 millones de habitantes, según la temporada del año, de las provincias de Alicante, Murcia y Albacete se abastecen de agua potable gracias a la excelente gestión que de este bien escaso lleva a cabo la Mancomunidad de los Canales del Taibillla a lo largo de los 11.000 kilómetros en los que actúa.

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla se constituyó por Real Decreto Ley de 4 de octubre de 1927 y desde su inicio ha sido una entidad avalada por la brillantez, seriedad, honestidad y eficacia de los técnicos y trabajadores que a lo largo de su dilatada existencia han posibilitado el suministro de agua potables a 79 municipios de las provincias de Alicante (34 municipios), Murcia (43 municipios) y Albacete (2 municipios).

Más de 80 años de gestión pública y de defensa del interés general en la gestión de un bien escaso en el sureste de España, como es el agua, avalan la trayectoria de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

El trabajo realizado por esta entidad en las últimas décadas, las garantías que ofrece en la provisión de agua potable y la tecnología, siempre puntera, aplicada a los sistemas de captación y tratamiento del agua, no se mantendrían si la gestión del organismo pasase a ser privada, o fuese absorbida por otra entidad o cambiara el modelo de gestión actual que ha funcionado de manera muy eficaz hasta el momento.

Por tanto, Les Corts no encuentran razones que justifiquen en este momento una modificación del funcionamiento de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, y entienden que este organismo debe seguir prestando el servicio a la comunidad con la misma eficacia que ha demostrado hasta el día de hoy, manteniendo su actual estatus jurídico.

De la presente declaración se dará traslado al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y el Senado, así como al Parlamento de la Asamblea Regional de Murcia y a la Asamblea de Castilla-La Mancha, y a los municipios del área geográfica afectada.