Frente a la dualidad, defendida por J. Regla en 1960, entre un litoral repoblado mayoritariamente por catalanes y fuero valenciano y un interior señorial de repoblación y fuero aragonés, la historiografía más reciente apuesta por el dominio de la ciudad sobre el campo y la estrecha relación entre la economía de ambos.

La capital, cap i casal del regne, remonta su situación de privilegio a la conquista. Jaime I le concede el libre uso de los pastos del reino, D. Alfonso el Benigno la capacidad de impedir la salida de cereales o ganado en momentos de crisis, al tiempo que obliga al resto a no poner obstáculos al tránsito de alimentos destinados a la misma (1329-30). Posición que sus regidores reflejan en sus cartas presentándola como cabeza del reino “cap e mare de tot lo regne e, per consegüent, sosteniment d’aquell” y dominando los intereses del mismo “cor, destrüit lo cap, los membres altres no haurien subsistència” o “car defenén e salvan la dita ciutat, tot lo regne és salvat e defés”. Una cabeza que, según sus jurados, actúa como una madre “E nosaltres havem aquexa vila [Alicante] en singular amistad, axí com aquella que entre les altres filles és amablement vel.lant en la honor e profit de la mare e insignament curosa (1402)”, pero que, en el fondo, defiende su propio prestigio e intereses. Sus ediles son conscientes de que Valencia, en continúa expansión y desarrollo, no puede subsistir sin controlar el territorio de su entorno, que es el que la abastece de los alimentos básicos. Colaboración que también requiere para otros asuntos “la dita casa [hospital de leprosos de San Lázaro] és a ús e servii de tot lo regne, just és e raonable que per aquell sia mantenguda e ajudada” (1379).

Los privilegios concedidos por la Corona y su actitud intervencionista dan lugar a situaciones conflictivas en diversos ámbitos, según revelan las cartas remitidas por sus jurados. Conflictos que se hacen más patentes en épocas de dificultades, especialmente, en las crisis agrarias del Trescientos. Los pastos y la exportación de cereales son, según A. Rubio, los principales caballos de batalla del enfrentamiento.

Játiva, ciudad desde 1347, capital de circunscripción (Gobernador), con aspiraciones a ser sede de obispado (concatedral), lidera, en ocasiones, la oposición del resto de municipios a la política de la capital, en un intento fallido de reducir su protagonismo. No sólo se opondrá a la legislación sobre el trigo; hará causa común con el resto de villas reales y brazos, con los que comparte sus posiciones sobre las restricciones de la exportación y el comercio que favorecen a la capital. Alianzas que, junto a otros intereses (forma de pago del donativo), romperán la unidad del estamento real dentro y fuera de las Cortes; al igual que sucedió en las celebradas por su hermano, D. Juan, en 1388-89. Fuera de ellas se unen también en 1390 para solicitar a D. Martín que revoque los privilegios dados a la capital sobre la extracción de víveres.

La necesidad de aumentar los ingresos, para hacer frente a la ampliación y consolidación de sus fronteras (guerra con Castilla y Génova), obligan a los monarcas a una renovación fiscal desde la segunda mitad del siglo XIV. Ésta, llevada a cabo en el seno de las Cortes, está basada en los impuestos indirectos sobre la manufactura y el comercio con un doble objetivo: adecuarse al desarrollo económico y ampliar el número de contribuyentes. Su control se pone en manos de una diputación surgida en su seno y con representación paritaria: la Generalidad, creada en 1363 y consolidada en 1403. Esta comisión, en cuya gestión logran introducirse algunas villas y los caballeros entre el estamento de la nobleza, no conseguirá consolidar el papel del reino como alternativa política, aunque su triunfo parece evidente en el primer tercio del siglo XV: se ocupa de la defensa foral, la política exterior, la conflictividad social… entre otros asuntos.

La capital, que no consigue su disolución ni con razones ni con dinero en 1407, sí impone límites y controles a su funcionamiento. La Generalidad, aunque se libera de su tutela en 1412, no puede evitar que la ciudad de Valencia domine su estructura administrativa: sus jurados ciudadanos ocupan a partir de 1421 cuatro de sus seis oficios principales. Triunfo efímero, si tenemos en cuenta que la nueva dinastía controlará el nombramiento de los cargos del municipio, a través del Racional, y marcará las pautas de su política interior y exterior. La confluencia de intereses entre los Tratámaras y la oligarquía ciudadana contribuirá a que el rey apoye, según R. Narbona y E. Cruselles, “la sumisión del reino a la política económica de la ciudad”.